La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2025, de 29 de enero ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad planteado en su día por el Grupo Parlamentario Popular contra diferentes artículos de la Ley 1/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.  

Los estados financieros contables son la columna vertebral de la información económica de las empresas. En dichos estados, se reflejan, de una manera estructurada, el rendimiento de las operaciones, la posición financiera y los flujos de efectivo.  

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir al evento del Instituto de Auditores Internos (IAI), donde se presentó la nueva Guía metodológica relativa a los Sistemas de Control Interno de la Información sobre Sostenibilidad (SCIIS), y pude confirmar lo que ya veníamos percibiendo en el mercado y en el día a día con nuestros clientes, y es el interés creciente por parte de las empresas por implementar y mejorar sus mecanismos de control sobre la información generada y reportada en torno a la Sostenibilidad.

Todo en la vida tiene un propósito y determinar qué es lo que motiva la realización de una determinada operación deviene un fundamento esencial en la aplicación de regímenes o estructuras fiscales favorables a los contribuyentes, a pesar de que la norma no siempre regula con claridad la necesaria intencionalidad para denegar un ahorro fiscal.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido recientemente una consulta en la que se analiza la aplicación del límite del artículo 84 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) en la transmisión de Bases Imponibles Negativas (BINs) dentro de operaciones amparadas por el régimen de neutralidad fiscal.  

La siguiente afirmación ya es de sobra conocida: el pasado mes de agosto entró en vigor el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (en adelante, “RIA”). Lo que resulta menos evidente es qué sucede a partir de ahora. Si bien muchas empresas y profesionales ya se están familiarizando con sus implicaciones, todavía persiste una duda clave: ¿cuándo podrán las autoridades exigir su cumplimiento y sancionar sus infracciones?

El Decreto Ley 1/2025 de Cataluña refuerza la contención de rentas en zonas de mercado residencial tensado, imponiendo mayor transparencia en contratos de alquiler y estableciendo sanciones contra fraudes y abusos en el arrendamiento.

“[…] Antes de entrar en el templo de la Justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia.”  

En el contexto actual de controversias complejas, en las que las cuantías reclamadas pueden llegar a ser muy cuantiosas, hay situaciones y circunstancias en las que el uso de procedimientos alternativos de resolución de conflictos (“ADR”) puede constituir una fórmula más conveniente y ventajosa frente a los procesos de litigación convencionales.  

El panorama regulatorio de la inteligencia artificial (IA) ha experimentado una evolución rápida y constante en los últimos años, y se espera que se expanda aún más con la creación de nuevos marcos éticos y jurídicos, como, por ejemplo, el primer Código de buenas prácticas de IA que la Comisión Europea publicará el 2 de mayo.

La llegada del año nuevo nos ha traído consigo la entrada en vigor de la Orden TES/1291/2024, de fecha 18 de noviembre, reguladora del registro electrónico de apoderamientos de la inspección de trabajo.

Medidas correctivas urgentes y puesta en marcha del SDDR. España no alcanzó el objetivo del 70% de recogida separada de botellas de plástico SUP en 2023 y el Ministerio para la Transición Ecológica exige medidas correctivas inmediatas a los productores. En dos años, se deberá implementar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).  

Como manda la tradición de un tiempo a esta parte, no hay fin de semana o festividad que se precie, si no viene acompañado de un buen menú tributario. En este caso, el sábado 21 de diciembre de 2024, adelantándose a la esperada Lotería, se descorchó la Ley 7/2024, por la que se establecen tres impuestos (el Impuesto Complementario para grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y el Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco) y se modifican otras normas tributarias.  

El despido, disciplinario u objetivo, es con lo que se encuentran muchas personas trabajadoras al final de su relación laboral con su empleador/a. Es ese momento de la relación profesional, al final de la misma, el que puede resultar más conflictivo entre las partes; es cuando hay sentimientos encontrados en mayor o menor medida (con independencia de si el despido está más o menos justificado) y donde, casi siempre, surgen las desconfianzas, los reproches y los intentos de pasar el trance de la mejor forma posible.

Las medidas antiabuso han sido y siguen siendo un instrumento ampliamente utilizado desde el punto de vista de política fiscal, tanto nacional como internacional. Muestra de ello es la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior o más conocida como Directiva ATAD.

Entre el aluvión de normas que se vienen adoptando por las instituciones europeas en los últimos años con la finalidad de garantizar la salud y la seguridad de los consumidores, hace apenas unos días entró en vigor, tras un largo proceso de evaluación, consulta y enmiendas, una norma de especial impacto para las empresas, las aseguradoras y los consumidores: la Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (el 9 de diciembre de 2024).

A escasos días de dar la bienvenida al año 2025, e inmersos en el espíritu navideño y el ánimo de compartir y repartir,  Seguridad Social nos recuerda el arranque de la denominada “Cuota de Solidaridad”.

En los últimos años, las startups han ganado una gran relevancia en el panorama económico mundial. Este tipo de empresas, caracterizadas por su enfoque innovador y su rápida capacidad de crecimiento, han captado la atención de inversores que buscan oportunidades más allá de las compañías tradicionales.

Que la deducción de I+D+i se ha convertido en un tema controvertido para la Administración no es ninguna novedad para el contribuyente que ha visto como en los últimos años, en concreto desde junio de 2022, llegar a tiempo con la obtención de los informes motivados correspondientes a la calificación de los gastos de actividades de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica se ha convertido en toda una carrera a contrarreloj.