El 2 de junio de 2020, el gobierno español dio a conocer el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, que incluía la creación de un nuevo impuesto sobre el plástico no reutilizable.
Se trata de un impuesto de naturaleza indirecta, de carácter especial y que trata de cumplir las exigencias establecidas por la Unión Europea en materia de fiscalidad medioambiental. En particular, la ley es transposición dos Directivas de la Unión Europea; la 2018/251, de 30 de mayo de 2018 que modifica la Directiva Marco de Residuos, y la 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
El hecho imponible de este nuevo impuesto afectará a la fabricación, la importación y la adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser usados en territorio español.
El anteproyecto de ley incluye qué debe entenderse por “envases” y por “no reutilizables” conceptos ambos que con seguridad no estarán exentos de polémica en la práctica.
El anteproyecto de ley establece asimismo supuestos de no sujeción, así como determinadas exenciones, en principio aplicables a los envases de plástico no reutilizables que se envíen directamente a otros países comunitarios o extracomunitarios; a los que con anterioridad a la finalización del plazo establecido para la presentación de la declaración del impuesto sean destruidos; y a los que vayan a ser utilizados como envase primario de medicamentos.
El tipo impositivo aplicable será de 0,45 euros por cada kilogramo de envase. El Impuesto exigirá el cumplimiento de obligaciones materiales y formales, y permitirá a los contribuyentes practicar determinadas deducciones en sus autoliquidaciones.
Los objetivos que se pretenden conseguir con la futura ley son proteger la salud humana tratando de disminuir el uso del plástico y su impacto en el medio ambiente. Como consecuencia de esto, se pretende impulsar la economía circular en España, incentivar el uso de materiales más respetuosos con el medio ambiente y cumplir las obligaciones de las directivas europeas.
El Anteproyecto de ley se sometió a trámite de información pública y el plazo para presentar alegaciones finalizó el 3 de julio de 2020. En la actualidad estamos a la espera de la aprobación de la ley definitiva.
Su entrada en vigor, en un principio prevista para el 1 de julio, tendrá lugar tres meses después de la publicación de la ley en el BOE.