EL CRECIENTE MAPA NORMATIVO EN MATERIA ESG Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES

Estamos asistiendo en los últimos años a un incremento sustancial en lo que respecta a las obligaciones o requerimientos normativos en materia ESG (Environmental, Social & Governance, por sus siglas en inglés), tanto a nivel nacional como internacional (con especial proactividad desde los organismos europeos), que están obligando a las organizaciones a adaptar no solo sus canales de reporting y comunicación al mercado, sino también sus propios modelos de gobierno y estrategia empresarial para adecuarse a los requerimientos normativos.

En la actualidad, es extraño el evento o foro empresarial donde los conceptos ESG no tengan un papel relevante. Sin duda es uno de los “temas candentes” en la actualidad por varios motivos, aunque destacaría dos fundamentales, que son:

• Una concienciación colectiva generalizada sobre la relevancia de proteger nuestro entorno y frenar el cambio climático, además de una creciente preocupación por el bienestar social, que se ha transformado en una mayor exigencia desde los stakeholders a las organizaciones para implementar modelos de gobierno que favorezcan una gestión ética, transparente, y sostenible de la actividad empresarial.  Este hecho se refleja claramente en el Informe de BDO “Global Risk Landscape” publicado en 2021, donde los más de 500 consejeros y directivos de las mayores compañías de todo el mundo consultados consideraron la inclusión de los riesgos ESG en los modelos de gestión entre los 3 temas de mayor impacto a nivel empresarial.

• El creciente marco normativo en materia ESG proveniente tanto de los organismos internacionales como nacionales, que sin duda supone el empuje definitivo para los órganos de gobierno y control de las organizaciones (Consejos de Administración, Comités de Auditoría, Comités de Compliance, etc.) para adoptar las medidas necesarias que permitan el cumplimiento no solo de los requerimientos normativos a los que se ven sometidos, sino también de la gestión de las expectativas de sus stakeholders en materia ESG.

Sobre este último punto, la percepción existente tanto en el mercado como entre los especialistas en la materia es que la normativa es necesaria, al ser una palanca de transformación evidente, si bien el ritmo de divulgación y publicación de nuevas regulaciones en el ámbito continental y nacional requieren de un esfuerzo igual o mayor de adaptación y adecuación por parte de las organizaciones.

En este sentido, destacar que el mapa normativo actual (y futuro) en materia ESG abarca obligaciones transversales que van más allá del mero reporting de información, abarcando aspectos de buen gobierno y transparencia, directrices especificas en la comercialización de productos o servicios (por ejemplo del ámbito financiero o asegurador), o la necesidad de medir y gestionar el impacto generado en nuestro entorno, y que requieren de acciones concretas y la transformación, en ocasiones, del propio modelo de gobierno y estrategia de gestión empresarial establecida.

Además, al ser normativa que regula aspectos relativamente novedosos, en ocasiones los requerimientos u obligaciones recogidas en sus textos son difíciles de comprender y aterrizar en acciones o medidas concretas, e incluso estando ya en vigor se hace referencia a futuras notas técnicas o decretos posteriores que definan o desarrollen los mecanismos o modelos de cumplimiento exigibles a las organizaciones.

Un claro ejemplo de lo anterior es el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo de 18 de junio de 2020, comúnmente conocido como Reglamento de Taxonomía UE, el cual se ha visto completado en tal solo un año por dos nuevos Reglamentos (Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 y Reglamento Delegado (UE) 2021/2178) que venían a desarrollar o aclarar aspectos ya regulados (y en principio, en vigor) desde junio de 2020.

Requerimientos ESG, para casi todos

Un análisis realizado por la Taskforce ESG de BDO Global ha concluido que actualmente se estima que cerca del 84% de las compañías están sujetas a alguna obligación o requerimiento normativo asociado a los ámbitos ESG. Se trata de un porcentaje muy alto y, sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que nos encontramos con organizaciones donde sus órganos de gobierno desconocen dichas obligaciones, lo que supone un riesgo evidente de incumplimiento.

Por otro lado, estas obligaciones y requerimientos normativos pueden variar, acotarse o ampliarse en función del sector de actividad, volumen de negocios, su naturaleza como cotizada o PIE (Public Interest Entity, por sus siglas en inglés), etc. Factores que deben tenerse en cuenta a la hora de definir internamente cuál es el perímetro normativo aplicable a la organización.

Además, las perspectivas a corto/medio plazo en cuanto a la divulgación de nuevas normativas o requerimientos no parecen que vayan a cambiar, de hecho es probable que asistamos a una tendencia creciente que amplie ese mapa normativo. En el horizonte ya encontramos nuevas regulaciones como la Taxonomía Social, el IFRS Sustainability Disclosure Standards, o un marco de reporting común en la UE en materia de información no financiera, que de nuevo incorporarán novedades relevantes que requerirán de la atención de las organizaciones para su correcto cumplimiento.

Por todo ello, desde BDO nos mantenemos a disposición de nuestros clientes para afrontar los retos que sin duda está suponiendo este marco normativo creciente, acompañándoles y asesorándoles con rigor y profesionalidad gracias a nuestro equipo de especialistas en ESG, nuestro contacto continuo con los organismos de referencia y la colaboración permanente entre los miembros del Taskforce ESG de BDO Global.

 

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